El CDM ha utilizado el Acuerdo de Comercio de América del Norte (TLCAN) como mecanismo para luchar por la justicia migrante. Junto con las y los trabajadores migrantes mexicanos y aliados en el corredor trinacional, hemos responsabilizado al gobierno de los Estados Unidos por violar sus obligaciones presentando dos quejas bajo el acuerdo laboral paralelo al TLCAN, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN).
En septiembre de 2011, ex trabajadores migrantes, el CDM y una coalición binacional de defensores de los derechos de las y los trabajadores presentaron una petición argumentando que el gobierno de los Estados Unidos no aplicó sus leyes laborales nacionales, promovió el cumplimiento de las normas mínimas de empleo ni protegió a los trabajadores migrantes. Durante el empleo de los peticionarios en varias ferias temporales, sus empleadores estadounidenses les pagaron muy por debajo del salario mínimo federal y estatal, incluso después de haber incurrido en importantes tarifas de contratación y gastos relacionados con el trabajo. Los empleadores de carnaval y feria también expusieron a los peticionarios a condiciones de trabajo insalubres e inseguras, les negaron descansos laborales y nunca informaron a los trabajadores sobre sus derechos conforme a la ley en ningún momento durante su reclutamiento o empleo. Los hechos de los casos de los peticionarios no son de ninguna manera únicos, y demuestran una continua falta de cumplimiento de importantes protecciones en el lugar de trabajo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Canadá, México y los Estados Unidos tienen un deber afirmativo en virtud del ACLAN para garantizar que los empleadores cumplan con las leyes laborales nacionales y también para proteger a las y los trabajadores migrantes en sus territorios. Los continuos abusos documentados en la petición demuestran que el gobierno de EE. UU. no aplica sus leyes salariales por igual para las y los trabajadores migrantes y no investiga las denuncias e inspecciona y supervisa los lugares de trabajo que emplean a las y los trabajadores migrantes.
En julio de 2016, un grupo de trabajadoras migrantes y organizaciones no gubernamentales de apoyo presentaron la petición MEX 2016-1, alegando que Estados Unidos tomó medidas inadecuadas para combatir la discriminación basada en el sexo en las prácticas de reclutamiento, contratación y empleo dentro de su programas de visas temporales H-2. A partir de hoy, la petición sigue siendo revisada por la Oficina Administrativa Nacional de México, y no se ha emitido ninguna respuesta. En enero de 2017, la coalición presentó un suplemento a la petición original, que incluye Engendering Exploitation: Gender Inequality in U.S. Labor Migration Programs, un informe que destaca la continua discriminación y abuso que enfrentan las mujeres en los programas de trabajo temporal en su contratación y empleo en los Estados Unidos.