El 30 de octubre, la representante Zoe Lofgren (D-Calif.) y el representante Dan Newhouse (R-Wash.) presentaron la Iniciativa de Modernización de Personas Trabajadoras Agrícolas de 2019, ley que ofrecería a las personas trabajadoras agrícolas indocumentadas y sus familias un camino a la ciudadanía. Después de analizar la propuesta cuidadosamente el CDM ha decidido apoyar la iniciativa ya que ésta beneficiaría a cientos de miles de personas trabajadoras agrícolas indocumentadas y sus familias otorgándoles estatus legal y un eventual camino a la ciudadanía, que hasta ahora no existía.
Esta ley es producto de una negociación bipartidista y no corrige totalmente los abusos que se cometen cotidianamente contra las personas trabajadoras agrícolas. Aunque nos preocupan algunas estipulaciones de esta legislación, CDM se compromete a continuar trabajando con personas trabajadoras migrantes, aliados, y legisladores para impulsar enmiendas que mejoren la propuesta.
Desde su fundación, el trabajo de CDM ha estado guiado por su misión de mejorar las condiciones para las personas trabajadoras de bajos ingresos en Estados Unidos, y la iniciativa presentada ofrece una oportunidad para hacerlo. Las personas trabajadoras agrícolas están expuestas a condiciones de trabajo y vivienda peligrosas. Se estima que entre 1.2 y 1.75 millones de personas trabajadoras agrícolas son indocumentadas; las personas trabajadoras agrícolas indocumentados y sus familias son particularmente vulnerables a abusos y violaciones de sus derechos laborales dado su estatus migratorio. Esta ley les permitiría recibir autorización de empleo y viajar fuera del país. Esta ley ofrece también alternativas a las propuestas existentes, incluyendo enmiendas dañinas al presupuesto, que pondrían en riesgo la seguridad y dignidad de los y las trabajadoras agrícolas migrantes.
Al mismo tiempo, nos preocupan sobremanera las omisiones en esta ley y lo que ello podría significar para las comunidades de personas trabajadoras agrícolas. Bajo esta iniciativa, las personas trabajadoras agrícolas indocumentadas y sus familias tendrán que esperar muchos años antes de poder solicitar la residencia permanente, lo que las coloca en una posición vulnerable ante abusos, posiblemente forzándoles a permanecer en condiciones de trabajo inadecuadas. Además, consideramos que las autoridades de control migratorio no deberían estar en los lugares de trabajo; sin embargo, esta ley expandirá el uso de la Verificación de Elegibilidad de Empleo (Employment Eligibility Verification, o “E-Verify”) en la industria agrícola a nivel nacional. De igual forma, nos inquieta la inclusión de una estipulación de “Employer Safe Harbor” que dejaría abierta la puerta para que empleadores de personas trabajadoras con visa H-2A no sean castigados por las violaciones a derechos laborales que cometan los reclutadores, como cobrar cuotas de reclutamiento o cometer fraudes en el proceso. La ley también falla al excluir de este camino a un estatus legal permanente a las parejas, hijos y otros dependientes de las personas trabajadoras migrantes agrícolas H-2A.
Reconocemos éstas y otras preocupaciones sobre la iniciativa de ley y nos comprometemos a luchar con las personas trabajadoras a nivel nacional para asegurar que las políticas derivadas de ésta reflejen y respeten sus voces y experiencias.
Somos optimistas: uniendo esfuerzos podremos corregir estos defectos. A pesar de nuestras reservas con respecto a la ley, apoyamos la propuesta pues ofrece un camino para obtener estatus legal para personas trabajadoras, lo cual tendrá un impacto profundamente positivo en las comunidades agrícolas indocumentadas dado su estado de vulnerabilidad actual.