Las y los integrantes del Comité de Defensa de los Migrantes (“Comité”), un grupo de líderes migrantes y sus familias apoyados por el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), se reunieron para su Reunión Nacional en octubre de 2018. Emitieron la siguiente declaración:

Estamos aquí para que se escuchen nuestras voces; porque contar nuestras historias es poder. Estamos aquí porque queremos combatir el fraude en el reclutamiento, la corrupción  y la impunidad. Queremos que las autoridades asuman su responsabilidad; queremos que se rindan cuentas.

Nosotras somos las personas que sufrimos los fraudes. Conocemos la problemática; somos la voz de nuestras comunidades y representamos a quienes tienen miedo de hablar al respecto. Duele ver que las personas que queremos, nuestras comunidades y familias, pierdan lo que no tienen. Esa es nuestra motivación. Nuestro compromiso por luchar por la justicia es inquebrantable.

Estamos aquí para proponer soluciones.

El fraude en el reclutamiento nos aqueja día con día. Lo vivimos. Incluso muchas y muchos de nosotros hemos sido víctimas de fraude. El fraude en el reclutamiento no solo es nuestro problema. Es de México porque aquí se comete la estafa sin consecuencias. Y es un problema de Estados Unidos porque se publica información incompleta que los estafadores usan a su favor. Mientras sigan expandiendo los programas de trabajo temporal, y los reclutadores sigan estafando sin consecuencias, el riesgo de ser defraudados va a seguir aumentando.

Como integrantes del Comité de Defensa del Migrante, nos reunimos para compartir lo que vemos en diferentes estados y regiones. La llevamos a nuestras comunidades para educarlas y prevenir el fraude. Creamos conciencia compartiendo nuestras historias para alcanzar un cambio.

Nuestro objetivo es prevenir el fraude en nuestras comunidades y para las generaciones que vienen. El fraude debe de ser una prioridad en todos los niveles. Exigimos que las autoridades locales se involucren; que hagan su trabajo y vayan tras los estafadores.

Las personas pagan por trabajar porque los intermediarios nos cobran una cuota; a veces varias. Los empleadores en Estados Unidos deben asegurarse que sus reclutadores no cobren. Los gobiernos de México y Estados Unidos debe de mantener un registro con los empleadores que están contratando y sus reclutadores. Necesitamos tener acceso a los términos de empleo; cuánto nos van a pagar, el lugar y tipo de trabajo. La información es una herramienta para prevenir el fraude siempre y cuando sea accesible para nosotras.

Esto va más allá del fraude; se trata de todo el proceso de reclutamiento. Para las y los trabajadores migrantes, los abusos empiezan desde que somos contratadas. Necesitamos protecciones contra las amenazas de reclutadores abusivos; contra todos los tipos de discriminación: de género, edad, raza. Leyes, tanto en México como en Estados Unidos, deben atender a las realidades que viven las personas que migran.

Estamos aquí porque queremos que se respeten nuestros derechos y nuestra dignidad. 

¡Estamos aquí, en nombre de nuestras comunidades, porque queremos justicia!

 

*Esta declaración fue leída en el evento Foro (de)Fraude por Adareli Ponce Hernández, integrante activa del Comité.