PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 23 de marzo de 2021
Evy Peña (evy@cdmigrante.org)
Mujeres trabajadoras migrantes presentan primera queja en contra del gobierno estadounidense bajo el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO — Hoy, mujeres trabajadoras migrantes y una coalición binacional de organizaciones de la sociedad civil presentaron la primera queja en contra del gobierno estadounidense bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las peticionarios acusan al gobierno de Estados Unidos de no hacer cumplir sus leyes laborales contra la discriminación basada en sexo para las trabajadoras migrantes con visas de migración laboral temporal, violando sus obligaciones en virtud del artículo 23 del T-MEC. La coalición está liderada por la organización binacional Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM).
Cientos de miles de personas trabajadoras migrantes viajan a los EE.UU. cada año para trabajar con visas agrícolas H-2A y visas H-2B en industrias no agrícolas, como la construcción y el procesamiento de productos del mar. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, alrededor del 90% de las personas trabajadoras con visa H-2A son de México. Debido a las prácticas discriminatorias de reclutamiento y contratación, las mujeres quedan en gran medida excluidas del acceso a estas visas. Por ejemplo, en 2018, el 3% de todas las visas H-2A se emitieron a mujeres, mientras que las mujeres constituían aproximadamente el 25% de todos las personas trabajadoras agrícolas en los Estados Unidos. Las trabajadoras migrantes que son contratadas con visas H-2 a menudo son canalizadas hacia trabajos con salarios más bajos dentro de los programas y enfrentan violencia de género.
Durante 15 años, el CDM ha documentado cómo el gobierno de los EE.UU. ha permitido la discriminación sistémica basada en sexo. Los anuncios de trabajo H-2 en redes sociales y en las comunidades de todo México revelan una discriminación abierta basada en sexo durante el proceso de contratación. La falta de supervisión del proceso de contratación permite a los empleadores estadounidenses eludir la responsabilidad de la diseminación de género H-2.
Presentada a la la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, por conducto de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), esta es la primera queja en contra del gobierno estadounidense presentada bajo el nuevo acuerdo comercial y sirve como una prueba importante de las normas del T-MEC y mecanismos de ejecución. El artículo 23.3 del T-MEC declara que las partes adoptan y mantienen derechos que incluyen “la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.” El artículo 23.8 establece que las partes deben garantizar que las y los trabajadores migrantes estén protegidos por su legislación laboral. En los EE.UU., el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación y el reclutamiento en la contratación, así como prohíbe a los empleadores discriminar “con respecto a la compensación, términos, condiciones o privilegios” del empleo a una persona trabajadora por motivos basados en sexo.
“Todos los ojos están puestos en los gobiernos de México y Estados Unidos. Esta es la primera queja presentada bajo el T-MEC, y es un caso claro: basta con mirar las estadísticas, los casos documentados y los anuncios de empleo discriminatorios en las redes sociales. La discriminación basada en género no solo está arraigada en los programas de trabajo temporal, sino que continúa creciendo,” dijo Rachel Micah-Jones, fundadora y directora ejecutiva del CDM. “Al no hacer cumplir sus leyes contra la discriminación, Estados Unidos está fomentando la inequidad de género. Los gobiernos de México y Estados Unidos deben responder de manera rápida y significativa para demostrar que las protecciones laborales bajo el T-MEC no son solo palabras en papel.”
El CDM presentó dos quejas bajo el acuerdo laboral paralelo del TLCAN, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). Estos incluyeron una petición de 2016 que alega una acción inadecuada para combatir la discriminación de género H-2 que recibió una respuesta característicamente débil del gobierno mexicano. Cuando comenzó la renegociación del TLCAN, el CDM movilizó a organizaciones aliadas para incluir las protecciones laborales en el nuevo acuerdo laboral. Representantes del CDM y personas trabajadoras migrantes dieron su testimonio ante el Representante de Comercio de los Estados Unidos, argumentando la necesidad de un capítulo laboral integrado con una aplicación real para reemplazar el débil acuerdo paralelo del TLCAN.
“La discriminación ha estado presente en mi vida desde la primera vez que traté de obtener una visa de trabajo en el 2001,” dijo Adareli Ponce Hernández, co-peticionaria e integrante del Comité de Defensa Migrante del CDM. “Ahora, la historia se repite: las mujeres buscan igualdad de oportunidades bajo la visa H-2 con resultados negativos. Espero que Estados Unidos cambie sus políticas para prevenir la discriminación contra nosotras, las mujeres; necesitamos igualdad de oportunidades.”
La queja bajo el T-MEC describe las medidas de ejecución que Estados Unidos debe adoptar para garantizar el acceso a la justicia y una supervisión adecuada. Las recomendaciones incluyen:
- La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) y las agencias estatales encargadas de implementar la política contra la discriminación deben hacer que sus procesos de quejas sean accesibles para las y los trabajadores H-2 mediante la creación de una línea directa de quejas las 24 horas en varios idiomas, incluidos los idiomas indígenas y el español.
- La EEOC y el DOL deberían asignar más recursos para investigar y monitorear los lugares de trabajo H-2 para detectar la segregación laboral basada en el sexo.
- El acceso a los servicios legales, incluyendo los servicios legales financiados por el gobierno federal, debe extenderse a todas las personas trabajadoras H-2.
- El DOL, el DOS y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) deben mejorar el mantenimiento de registros y la transparencia de los datos para permitir un mejor monitoreo de la distribución del sexo en los programas H-2, incluso por ocupación y salario.
- Estados Unidos y México deberían desarrollar actividades de cooperación que aborden “cuestiones relacionadas con el género en el campo del trabajo y el empleo, incluyendo la eliminación de la discriminación por motivos de sexo en relación con el empleo, la ocupación y los salarios.
“A las trabajadoras que están sufriendo abusos, quiero decirles que cuando decidí y elegí hablar, yo tenía mucho miedo por experiencias dolorosas,” dijo Maritza Pérez, co-peticionaria y ex campesina con visa H-2A. “Pero tengamos fe y valor para alzar nuestras voces mirando hacia adentro de nosotras mismas y encontrar la fuerza necesaria que exige se cumplan nuestros derechos.”
Para leer la queja, por favor visita: https://cdmigrante.org/trabajadoras-migrantes-t-mec/
Declaraciones de apoyo adicionales:
Mily Treviño-Saucedo, Directora ejecutiva de Alianza Nacional de Campesinas dijo: “La vida de las y los campesinos inmigrantes en los Estados Unidos es dura. Primeramente muy pocas mujeres campesinas califican por el programa por discriminación de género. Segundo, las personas que sí reciben la visa H-2A todavía preocupan por perder sus visas, entonces tienen miedo de confrontar abusos en el trabajo. La situación es peor para las pocas mujeres campesinas que han recibido la visa H2A ,porque es probable que ella sea el sostén de la familia, entonces es muy difícil que ella hable y reporte el acoso sexual (que es muy común en los campos), la discriminación o robos de salarios. No solo lleva el riesgo de perder el empleo, también su estatus migratorio, cual está ligado a ese mismo empleador. Si pierden el trabajo, también pueden ser deportadas.”
“Es fundamental que garanticemos la aplicación adecuada de nuestras leyes contra la discriminación y el acoso relacionadas con todas y todos los trabajadores en los EE.UU.,” dijo Jessica Ramey Stender, asesora principal de justicia en el lugar de trabajo y políticas públicas de Equal Rights Advocates. “Todas las personas trabajadoras merecen un entorno de trabajo seguro y equitativo en el que sean tratadas con dignidad y respeto”
Mónica Ramírez, fundadora y presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes: “Es un honor para mí unirme a nuestras amigas del CDM y a las trabajadoras migrantes que piden justicia. Con demasiada frecuencia, las mujeres migrantes enfrentan condiciones laborales injustas; son discriminadas porque son mujeres. Hacemos un llamado al gobierno de los EE.UU. para que se asegure de que las trabajadoras migrantes, vengan de donde vengan, reciban todos los beneficios de la ley. Los empleadores deberían rendir cuentas; no se les debería permitir explotar a estas trabajadoras. No lo toleraremos.”
Sara Nelson, Presidenta Internacional, Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA (AFA): “AFA fue fundada por mujeres que conocían demasiado bien el costo de la discriminación por motivos de género en el lugar de trabajo. Durante más de 75 años, nuestro sindicato ha trabajado para poner fin a todas las formas de discriminación en nuestros lugares de trabajo y en nuestra sociedad. Las mujeres migrantes se encuentran entre los trabajadores más vulnerables. Es hora de que nuestro gobierno deje en claro que la explotación y la discriminación no serán toleradas, y apoyamos a las mujeres migrantes y sus aliados para exigir que el gobierno de EE.UU. cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC de hacer cumplir estrictos estándares laborales en todos los países miembros.”
“AFL-CIO ha pedido durante mucho tiempo la reforma de nuestros programas de visas de trabajo temporal, que no garantizan los derechos y protecciones básicas a las y los trabajadores. Aplaudimos al CDM por arrojar luz sobre la forma en que estos programas han permitido la discriminación y la violencia de género, e instamos al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas inmediatas y decisivas en respuesta a las recomendaciones descritas en esta denuncia. Los sindicatos de Estados Unidos se solidarizan con orgullo con las trabajadoras migrantes, y como lo hacemos con todos los trabajadores de la región. Ya no debemos permitir que los programas de trabajo temporal sirvan como una herramienta para volver a segregar silenciosamente sectores de la fuerza laboral en trabajos y categorías de visas basadas en nociones de trabajo racializadas y de género. Además, necesitamos mecanismos de aplicación de las normas laborales para garantizar que los empleadores ya no puedan violar los derechos de las y los trabajadores migrantes con impunidad. Reformar estos programas y garantizar los derechos exigibles para todas las personas trabajadoras, independientemente de su estatus, es fundamental para cumplir con el mandato de igualdad de condiciones en el marco del T-MEC,” dijo Cathy Feingold, directora internacional de AFL-CIO.
Acerca del Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM)
El Centro de los Derechos del Migrante, Inc. apoya a las y los trabajadores migrantes mexicanos a defender y proteger sus derechos mientras se mueven entre sus comunidades de origen en México y sus lugares de trabajo en los Estados Unidos. Con nuestro equipo binacional y multilingüe y con nuestro alcance geográfico, hemos crecido en debido al incremento en la necesidad de incidencia y servicios. Buscamos superar la frontera como barrera a la justicia: cdmigrante.org