Hoy, 59 académicas y académicos destacados de derechos humanos en México, Estados Unidos y Canadá presentaron un suplemento bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exigiendo que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a la discriminación en sus programas de visas de trabajo temporal. El suplemento respalda la primera petición contra el gobierno de Estados Unidos en virtud del acuerdo, en la que las trabajadoras migrantes Maritza Pérez y Adareli Ponce denunciaron la discriminación sistémica en los programas de trabajo temporal. Esta presentación es parte de una campaña trinacional liderada por el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), una organización transnacional de derechos de personas trabajadoras.
La coalición de académicas y académicos presentó el suplemento para resaltar argumentos adicionales bajo el derecho internacional con respecto a las obligaciones del gobierno de los Estados Unidos de garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes a la igualdad y la no discriminación. Estos derechos están consagrados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento y reflejan otras normas regionales e internacionales de derechos humanos. En un suplemento presentado bajo el T-MEC, las y los académicos argumentaron que la discriminación generalizada contra las mujeres migrantes viola el derecho internacional y las obligaciones legales del gobierno de los Estados Unidos en virtud del acuerdo comercial.
A principios de mayo, siguiendo la petición del CDM, y después de años de defensa, el gobierno mexicano envió una carta al gobierno de los Estados Unidos solicitando actividades de cooperación para abordar los problemas que afectan a las personas que trabajan en la agricultura y en industrias procesadoras de proteínas. Estas son las industrias en las que trabajaban Maritza Pérez y Adareli Ponce, las das peticionarias nombradas.
“Las historias de mujeres que buscan acceso y están empleadas a través de los programas de trabajo temporal de EE.UU. revelan la omnipresencia de las múltiples discriminaciones a las que están sometidas en todas las etapas del proceso de migración laboral, a manos de reclutadores, empleadores y a través de un sistema de asistencia legal que efectivamente niega a las mujeres migrantes el acceso a la justicia cuando sus derechos son violados. Estados Unidos debe tomar medidas conforme con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la igualdad de las mujeres y la no discriminación tanto en las oportunidades como en el empleo,” dijo la redactora principal Sarah Paoletti, profesora de práctica de derecho de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania y directora de la Clínica Legal Transnacional. Paoletti también es presidente de la junta directiva del CDM.
La presentación complementaria de hoy genera presión sobre ambos gobiernos para reformar el reclutamiento laboral internacional y los programas H-2, anticipando el viaje de la vicepresidenta Harris a México la próxima semana y las negociaciones regionales sobre migración laboral que tendrán lugar durante su visita.
En un segundo suplemento, cuatro organizaciones adicionales se unieron a la queja existente